Demanda PRD protección a jornaleros

Demanda PRD protección a jornaleros

Por Lourdes Aguilar Romero

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció porque el Estado brinde mayores garantías para cuidar los derechos humanos de los trabajadores y aplicar lo que establece la ley en la materia, a fin de evitar conflictos como el de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California.

Al respecto, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, recordó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) rescató el mes pasado más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Baja California Sur, quienes fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola.

Posteriormente, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) del Valle de San Quintín, anunció protestas dirigidas al gobierno de Baja California por considerar que es responsable de las condiciones inhumanas y falta de seguridad social en que labora 80 por ciento de los jornaleros en esa región.

A través de un comunicado, el legislador se refirió a las movilizaciones de protesta que llevaron a cabo estos trabajadores agrícolas en demanda de mejoras de sus salarios y condiciones de trabajo.

También comentó un caso ocurrido en Zapopan, Jalisco, en el que 129 trabajadores, en su mayoría mujeres, laboraba en la maquiladora y ganaban menos del salario mínimo, con horarios extenuantes y a quienes sólo les autorizaban escasos minutos para comer.

Alonso Raya expuso que situaciones como éstas son una muestra de que en el país no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales que México ha firmado en materia laboral y de derechos humanos.

"Casos como éstos demuestran que en el territorio nacional operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la ley, que ofrecen trabajos mal pagados, sin prestaciones laborales de ningún tipo y que abusan de los trabajadores con la complicidad de las dependencias federales y estatales que supuestamente deben protegerlos", advirtió.

Subrayó que el gobierno federal. junto con los estados, tiene la obligación de no permitir que en territorio nacional alguna empresa viole lo que establecen la Constitución, particularmente el artículo 1 en materia de derechos humanos, y la Ley Federal de Trabajo.