Angel Iturralde
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reitera su solidaridad con las familias que resultaron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y su compromiso para garantizar el derecho a saber de las personas sobre el proceso de reconstrucción y reparación de los daños causados.
A tres años de estos lamentables fenómenos, en los que cientos de personas perdieron la vida, el Instituto considera necesario articular un ejercicio de rendición de cuentas que permita a la sociedad en su conjunto y a las personas afectadas constatar los avances y trabajos pendientes de la reconstrucción, así como la aplicación efectiva de los recursos públicos.
El interés ciudadano por conocer con precisión los recursos erogados y las acciones emprendidas por las instancias responsables de coordinar los trabajos de la reconstrucción no cesa; muestra de ello, son las 4 mil 164 solicitudes de información presentadas a entes públicos, del 7 de septiembre de 2017 al 17 del mismo mes de 2020, de las cuales, el 98 por ciento ya fueron atendidas y el 2 por ciento están en proceso.
Entre la información requerida, se encuentra el presupuesto destinado en apoyo a las comunidades afectadas; el monto de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden); los dictámenes estructurales y de daños causados a distintos inmuebles; la ubicación de edificios colapsados; el acta constitutiva del Fideicomiso Fuerza México, la cifra oficial de personas fallecidas y heridas, así como tipo de apoyo otorgado por otros países.
Asimismo, se han interpuesto 164 recursos de revisión; la mayor cantidad la concentra el Poder Ejecutivo con 143, le siguen los fideicomisos y fondos públicos con 9; organismos autónomos con 5; Poder Legislativo con 2; partidos políticos con 2, sindicatos con 2, y Poder Judicial con 1.
Entre los recursos resueltos por el Pleno del INAI, destacan el RRA 1142/18, en el que le instruyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) informar sobre la entrega de tarjetas los damnificados por los sismos, con el fin de brindar certeza sobre los montos otorgados a cada uno de los beneficiarios.
Otro asunto de trascendencia fue el RRA 0644/18, en el que se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dar a conocer la orden de visita de investigación a las instalaciones de BANSEFI, realizada el 16 de noviembre de 2017, a partir de presuntas irregularidades en la distribución de los recursos destinados a los afectados por los sismos.
Por último, el recurso RRA 7062/18, en el cual se instruyó al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) dar a conocer los dictámenes de los planteles beneficiados con algún programa para la atención de los daños derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Todas las solicitudes y recursos de revisión relacionados con los sismos de 2017 pueden consultarse en el micrositio "Ante la Opinión Pública" (http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ante-la-opinion-publica.aspx), un espacio creado por el INAI, a través de su política de transparencia proactiva, para acercar a la población información de carácter público sobre temas de interés y trascendencia social.
Adicional a estas acciones, el INAI suscribió un convenio de colaboración con el Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México, creado para la reconstrucción de los estados afectados, con el propósito de transparentar la canalización de las aportaciones para los proyectos de reconstrucción y sus beneficiarios.
El Instituto brindó al Fideicomiso asesoría técnica para el uso de las mejores herramientas que permitieran compartir la información y asegurar la transparencia de los apoyos.
Pese a todos los esfuerzos emprendidos por las autoridades, el sector privado y la sociedad civil, los estragos de los sismos de septiembre de 2017 continúan vigentes en algunas comunidades de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México, por lo que la información se vuelve un insumo indispensable para brindar certeza a la población sobre el ejercicio de los recursos públicos destinados a la reconstrucción.
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