Arturo R. Pansza
Entre treinta mil y cincuenta mil menores de edad están vinculados con organizaciones delictivas en México, por lo que urge implementar políticas y programas sociales que protejan a los niños y adolescentes.
En este contexto diputadas federales del PRI, PRD y PAN, además denunciaron que infantes de entre nueve y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas.
Sentenciaron que es preciso proteger a los menores del riesgo de verse sumados a acciones bélicas o incorporarse a algún grupo delictivo del crimen organizado, más cuando es elevado el porcentaje de ese sector poblacional implicado en unos 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.
Así, las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, Eufrosina Cruz Mendoza y Verónica Beatriz Juárez Piña, pugnaron por hacer algo al respecto y por tanto, promueven un punto de acuerdo para que se lleven a cabo diversos programas sociales y políticas que permitan revertir esa situación.
Según las representantes populares, a partir de los nueve o 10 años de edad, los niños se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas.
A los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros o de levantones y, a partir de los 16 años, participan en actos más violentos, como secuestros o asesinatos y todos portan armas.
Miriam Cárdenas Cantú, de la bancada del PRI, difundió que es alarmante el número de niños incorporados a organizaciones delictivas, lo que refiere además una descomposición de la sociedad.
La diputada panista Eufrosina Cruz Mendoza sustentó que un estudio oficial realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, plantea que desde 2010, cada 36 horas, un niño o adolescente es ejecutado en México y su muerte está vinculada a la lucha contra el crimen organizado.
Resulta que no sólo se habla de balas perdidas o daños colaterales, sino de muertes en población infantil por causa violenta, ligadas a la lucha contra el narcotráfico.
De las doscientas cincuenta mil personas desplazadas debido a la violencia ejercida por la delincuencia organizada, una gran parte son menores de edad que no sólo sufren hambre y enfermedades, sino las secuelas de la violencia.
La perredista Verónica Beatriz Juárez Piña, junto con sus colegas del PRI y PAN, propone que los gobiernos federal, estatales y municipales se comprometan a preservar los derechos de los niños y de los adolescentes, así como al cumplimiento irrestricto del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de infantes en conflictos armados.
Asimismo, las representantes populares urgieron a la implantación de acciones, programas sociales y políticas públicas que coadyuven a lograr que los niños y adolescentes queden blindados ante el riesgo de verse sumados a acciones bélicas o la incorporación con algún grupo delictivo del crimen organizado, situación que evitará limitaciones en su desarrollo personal.
Señalaron que es indispensable evitar que los niños y los adolescentes sean reclutados y utilizados en conflictos con carácter bélico, como se establece en la Convención de Ginebra, la cual prohíbe el reclutamiento, así como la participación en hostilidades, directa e indirectamente, para niños menores de 15 años.
Entre treinta mil y cincuenta mil menores de edad están vinculados con organizaciones delictivas en México, por lo que urge implementar políticas y programas sociales que protejan a los niños y adolescentes.
En este contexto diputadas federales del PRI, PRD y PAN, además denunciaron que infantes de entre nueve y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas.
Sentenciaron que es preciso proteger a los menores del riesgo de verse sumados a acciones bélicas o incorporarse a algún grupo delictivo del crimen organizado, más cuando es elevado el porcentaje de ese sector poblacional implicado en unos 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.
Así, las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, Eufrosina Cruz Mendoza y Verónica Beatriz Juárez Piña, pugnaron por hacer algo al respecto y por tanto, promueven un punto de acuerdo para que se lleven a cabo diversos programas sociales y políticas que permitan revertir esa situación.
Según las representantes populares, a partir de los nueve o 10 años de edad, los niños se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas.
A los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros o de levantones y, a partir de los 16 años, participan en actos más violentos, como secuestros o asesinatos y todos portan armas.
Miriam Cárdenas Cantú, de la bancada del PRI, difundió que es alarmante el número de niños incorporados a organizaciones delictivas, lo que refiere además una descomposición de la sociedad.
La diputada panista Eufrosina Cruz Mendoza sustentó que un estudio oficial realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, plantea que desde 2010, cada 36 horas, un niño o adolescente es ejecutado en México y su muerte está vinculada a la lucha contra el crimen organizado.
Resulta que no sólo se habla de balas perdidas o daños colaterales, sino de muertes en población infantil por causa violenta, ligadas a la lucha contra el narcotráfico.
De las doscientas cincuenta mil personas desplazadas debido a la violencia ejercida por la delincuencia organizada, una gran parte son menores de edad que no sólo sufren hambre y enfermedades, sino las secuelas de la violencia.
La perredista Verónica Beatriz Juárez Piña, junto con sus colegas del PRI y PAN, propone que los gobiernos federal, estatales y municipales se comprometan a preservar los derechos de los niños y de los adolescentes, así como al cumplimiento irrestricto del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de infantes en conflictos armados.
Asimismo, las representantes populares urgieron a la implantación de acciones, programas sociales y políticas públicas que coadyuven a lograr que los niños y adolescentes queden blindados ante el riesgo de verse sumados a acciones bélicas o la incorporación con algún grupo delictivo del crimen organizado, situación que evitará limitaciones en su desarrollo personal.
Señalaron que es indispensable evitar que los niños y los adolescentes sean reclutados y utilizados en conflictos con carácter bélico, como se establece en la Convención de Ginebra, la cual prohíbe el reclutamiento, así como la participación en hostilidades, directa e indirectamente, para niños menores de 15 años.
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