Salen a flote corruptelas de fiscal de asuntos especiales PGJDF
Margarita Vázquez utiliza su fuero para proteger a grupos delictivos
incrustados en el gobierno
Redacción
Un rosario de anomalías y corruptelas se dan en la fiscalía central de
investigaciones para delitos especiales y electorales a cargo de
Margarita Vázquez Sánchez, por lo que la Visitaduría de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a cargo
de Miguel Ángel Mancera, inició una investigación interna y en contra
de varios agentes del Ministerio Público que forman parte del equipo
de la fiscal, ante la posibilidad de que estén incurriendo en delitos
contra la administración de la justicia y cohecho, ya que
presuntamente se coludieron para violar la ley.
En uno de los casos conforme a la averiguación previa
FRVT/ORIENTE/T-1/160/10-03 el ministerio público Javier Espinosa
Martínez se ha negado a realizar diligencia alguna de un operativo
donde se aseguraron 150 toneladas de autopartes y 229 folders
conteniendo diversas facturas que no cuentan con reporte de robo como
lo informó el fiscal Germán Gabriel Korber Brito, pero lo más extraño
es que solo aparecen el desperdicio de dichas autopartes y el MP se ha
negado a certificar dicha circunstancia.
Los hechos ocurrieron el 31 de marzo del año pasado en donde el MP
(ministerio público) Guillermo Zamora Contreras aseguró las susodichas
150 toneladas de autopartes con reporte de robo según señaló que al
comparecer ante el juzgado vigésimo tercero penal declaró "que no
sabía por qué aparece mi nombre , lo desconozco, no participé en dicha
diligencia, ya que en ocasiones falta un MP y me llaman, pero en esa
diligencia no estuve", a pesar de que reconoció estar adscrito a la
unidad investigadora 3 robo al transporte y por si fuera poco
desconocer su firma en dicha diligencia. Cabe resaltar que el 28 de
marzo del año pasado el juez 23 penal decretó prescrita la acción
punitiva del caso y por si fuera poco en acta circunstanciada que
motivó el cateo no fue firmada por el MP y por personal de derechos
humanos
En otro caso, la Visitaduría investiga a la fiscal Vázquez en
respuesta a una queja que presentó un empresario mexicano ante la
Visitaduría de la PGJDF. El quejoso denunció a principios de este año
al notario público 123, Gabriel Benjamín Díaz Soto, por el delito de
fraude y falsedad de declaraciones, según consta en la averiguación
previa FAE/A/T1/00207/11/07, pero hasta el momento la fiscal Vázquez
se ha negado a consignar penalmente al inculpado.
El empresario Domenico Quadrini D'Orazio, ex dueño de la distribuidora
CM Acero, resaltó que presentó la queja contra la fiscal Margarita
Vázquez porque "mis abogados ya acreditaron, con pruebas documentales
y periciales, que hay la probable responsabilidad del notario Díaz
Soto en los delitos de fraude y falsedad de declaraciones".
En ese acto jurídico constaba que el empresario había aceptado el 17
de enero y el 15 de febrero de 2008, en el interior del Reclusorio
Sur, que tenía un adeudo con Hanono y Cherem por 4 millones 764 mil
pesos. En esa escritura pública la abogada Bárbara Castro firmó como
testigo. Según consta en ese documento notarial, la escritura fue
firmada por Quadrini en la cárcel. Sin embargo, este último logró
demostrar, mediante la lista de visitantes al reclusorio y otros
documentos oficiales, que los días 17 de enero y 15 de febrero de 2008
no recibió visitas. Aunque esas pruebas un juez podría librar una
orden de aprehensión, están en poder de la PGJDF desde hace por lo
menos seis meses, la fiscal Margarita Vázquez Sánchez se ha negado a
ejercitar acción penal contra el notario público 123 y contra sus
coacusados. |
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