El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria, y organismos de la sociedad civil, integraron un grupo de trabajo que supervisará los avances de las unidades antisecuestro que operan en todo el país como parte de las Procuradurías Generales de Justicia estatales y del Distrito Federal.
Durante una reunión con representantes de 26 agrupaciones no gubernamentales, se acordó que la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, encabece el grupo, al cual también se integraron el titular de México SOS, Alejadro Martí; el dirigente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Elías Huerta Psihas, y el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Rogelio Sierra.
Isabel Miranda de Wallace consideró que ha llegado el momento de que la ciudadanía participe y apoye a las instancias gubernamentales para generar políticas que abatan los índices delictivos en todo el país.
Al respecto, el Secretario Ejecutivo del SNSP informó que se ha programado una agenda de visitas por parte de los organismos sociales a las entidades federativas para realizar ese trabajo de supervisión y seguimiento.
Alcántara Soria refrendó la determinación del Gobierno Federal de crear espacios de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas y ciudadanos interesados en la solución de los problemas de inseguridad que enfrenta el país.
Recordó que el SNSP tiene el mandato de dar continuidad a los Diálogos por la Seguridad, convocados por el Presidente de la República, para promover la construcción de una Política de Estado a partir de la participación ciudadana, bajo las premisas del fortalecimiento institucional; la prevención social del delito y la violencia; la corresponsabilidad; el seguimiento, la evaluación y el control de las políticas de seguridad pública, y, en general, la transparencia y la rendición de cuentas.
A su vez, la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadada, Laura Carrera Lugo, apuntó que la intención es cambiar los paradigmas actuales, a fin de generar los espacios para que la sociedad participe en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, fortaleciendo el papel de la ciudadanía como auditora de la información y de las acciones en la materia.
Por ello, en la reunión se acordó integrar una mesa técnica que se encargará de analizar el tema del desarrollo del modelo policial con mando único estatal, y una comisión más cuya tarea será la de auditar los procesos de evaluación y de control de confianza del personal encargado de los asuntos de seguridad y procuración de justicia.
A propuesta del Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, los participantes en el encuentro acordaron que la semana próxima se instalará la mesa técnica para evaluar el modelo policial por parte de la sociedad civil.
López Portillo Vargas expuso que el esquema del modelo policial debe incluir un sistema de rendición de cuentas y garantizar el control de los proceso de certificación y evaluación de los cuerpos policiacos.
Asimismo, a proposición del especialista Arturo Arango y de la Directora de México Evalúa, Edna Jaime, se acordó estudiar alternativas para incorporar fuentes de información de instancias no gubernamentales y publicar información oficial en formatos que faciliten su aprovechamiento por instancias académicas y sociales.
En su momento, Miguel Pando, del Consejo Coordinador Empresarial, propuso crear mecanismos de control patrimonial sobre los bienes del Estado, así como en lo referente a la sistematización, generación y acopio de información en materia de seguridad, para evitar que esos activos "desaparezcan" con el cambio de administración en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Por su parte, el secretario del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Ulrich Richter, se pronunció por incluir las materias de Estado de Derecho y Educación Cívica en los planes y programas de las academias e institutos de formación y profesionalización que contempla la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tema sobre el cual también se acordó que los organismos sociales integrarán un grupo de trabajo.
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