Abuso de poder

Abuso de poder 

Magistrada actúa contra ejidatarios afectados por autopista en Durango 

*Se niega a cuantificar la apropiación de áreas más allá del derecho de vía

*Decenas de ejidatarios de Durango afectados 

Angel Iturralde 

Un nuevo caso de abuso de poder se concretó en Durango ante la construcción de la autopista Mazatlán- Durango, que al convertirse en obra federal y concesionada a particulares violentó lo derechos de decenas de ejidatarios de Durango por sonde pasa la vía ya que las indemnizaciones no están acorde a los cálculos federales  sino se les quiere dar una quinta parte de su valor.  

También se ha destacado que los trabajos topográficos amañados de la empresa concesionaria pretende apoderarse de más terrenos de los permitidos por la concesión federal de loa Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Contrario a los actos de jurisdicción voluntaria que los ejidatarios afectados por la construcción de la autopista Mazatlán-Durango realizan en Sinaloa y Nayarit, la magistrada del 7º Tribunal Unitario Agrario con sede en la capital del estado, Marcela Gerardina Ramírez Borjón, actúa en contra de los intereses de los propietarios de la tierra en Durango.

Los representantes de 29 ejidos de Sinaloa, Durango y Nayarit emprendieron una lucha para que el Gobierno Federal vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), les pague al precio comercial actualizado de más de mil 900 hectáreas utilizadas para la construcción de las autopistas, supercarreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la vía Mazatlán- Durango, presumida como la más grande obra de ingeniería del sexenio anterior, no sólo en México sino en Latinoamérica.

Entre esas acciones está la de solicitar la jurisdicción voluntaria en los tres estados, con el fin de que se realice el deslinde (medición del terreno afectado) y se les declare el derecho que tienen de exigir la indemnización, para lo que la magistrada sólo tiene que cumplir lo que le solicitan los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es decir, la medición, ya que para esta acción no hay pleito ni controversia.

En este caso, dicta la ley, la jurisdicción voluntaria sirve para el "apeo o deslinde de predios, para saber sus límites de superficie".

Sin embargo, Ramírez Borjón y el topógrafo a su cargo, Francisco Cruz Cruz, han ejercido acciones dilatorias y decisiones autoritarias que afectan a los interesados, con tal de dilatar el proceso. Primero el topógrafo no se presentó a medir en la fecha inicialmente acordada porque supuestamente le robaron los aparatos tras ser asaltado.

Posteriormente la magistrada promovió un acuerdo para usar el GPS y pasaron otros 9-10 días para que se procediera a la firma del mismo. Finalmente el topógrafo llegó al ejido Pueblo Nuevo a pie. Los ejidatarios le pusieron todos los instrumentos para que trabajara, además de gasolina y viáticos, pero midió no lo acordado, sino sólo el derecho de vía que es de 60 metros de ancho.

Afirmó el representante de los ejidatarios afectados, Ernesto Pérez Virgen, que cuando le reclamaron que sólo midiera el derecho de vía, la respuesta fue que esa fue la instrucción de la magistrada.

Los dueños de la tierra afirman que ha sido afectada más tierra adentro del derecho de vía, como los cauces de los ríos, los ojos de agua, flora y fauna. "Y esto debe ser también medido", añadió Pérez Virgen.

De tal suerte que ante la actitud de la magistrada, los ejidatarios han determinado perder el tiempo que ya habían ganado para reponer el proceso y dejar nada a la interpretación de Ramírez Borjón.

Por este motivo, ayer mismo realizaron una nueva Jurisdicción Voluntaria mediante la cual demandaron el deslinde y avalúo de sus tierras, así como el avalúo y estudio de mercado a valor comercial a precios actualizados.

"En Sinaloa y Nayarit la jurisdicción voluntaria ha caminado. Los topógrafos en Sinaloa y Nayarit están midiendo lo que demandaron los campesinos", expresó Pérez Virgen, quien detalló que además del derecho de vía, se deben medir como en los otros estados, "los daños colaterales como son la apropiación de más terreno, daños ambientales, daños a las comunidades y otros".

Trascendió que los ejidatarios afectados por donde pasará la obra ya preparan amparos ante los abusos de la empresa concesionaria.