Demanda el gobierno mexicano devolución de 46 mdd del Pemexgate

Demanda el gobierno mexicano devolución de 46 mdd del Pemexgate

*Graves actos de Corrupción, Negligencias y Omisiones

*Documentados los Fraudes de Arriba Limited y lideres petroleros

Lino Javier Calderón

MEXICO.-El Gobierno mexicano ya solicitó al de Estados Unidos la repatriación de 46 millones de dólares derivados del “Pemexgate”, que fueron depositados en una cuenta bancaria en ese país y que han sido confiscados por la Corte de Harris County en Texas, como garantía de una pago que reclama la firma estadunidense Arriba Limited. por servicios que realizó al Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STPRM) que datan de 1986.

Arriba Limited, cuyos accionistas visibles son el mexicano Andrés Sánchez Juárez y el estadounidense Billy Flanagan que de acuerdo con reportes judiciales tienen muy mala reputación empresarial por hacer contratos fuera de la ley. Lo servicios prestados por esta empresa unca fueron liquidados por lo cual la compañía demandó penalmente a esta agrupación en Estados Unidos. Por lo que se sabe hasta el momento la empresa reclama el pago de 250 millones de dólares por el incumplimiento de un contrato firmado en octubre de 1984 supuestamente para la venta de residuos petroleros en refinerías.

Hay que recordar que en ese entonces y bajo el mando y poder de la “La Quina” Joaquín Hernández Galicia, el todo poderoso sindicato se deba el lujo de vender los desperdicios de Pemex al mejor postor,

Hasta el momento fuentes de la Presidencia de la República han asegurado que el ejecutivo giró instrucciones para que se movilice todo los recursos necesarios, para que através de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) se logren liberar estos recursos y se le pague a la empresa demandante y con ello se finiquite el ultimo eslabón que queda pendiente del llamado Pemexgate.

Este dinero es parte de los mil 580 millones de pesos presuntamente desviados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, que al ser descubiertos por la empresa Arriba Limited, con la cual el sindicato tiene un litigio desde 1986, ésta pidió "congelarlos" para poder cobrarse parte de antiguos adeudos.

Hasta la fecha el destino de los 46 millones de dólares es un misterio, pues el sindicato petrolero se ha negado sistemáticamente a informar de ello.

Fuentes oficiales de Pemex rechazaron que los 46 millones de dólares o parte de ellos hayan sido utilizados para pagar adeudos del STPRM con la empresa, por lo que no les llegó un solo peso o un solo dólar del dinero en disputa.

Sin embargo, los recursos sí habrían sido usados para pagarle a Pemex, de acuerdo con la declaración que hizo el 15 de mayo de 2007 el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, ante la Secretaría de la Función Pública, en el proceso por un presunto quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos, por recursos entregados al Sindicato de manera irregular.

La falta de claridad en cuanto al manejo de estos recursos se revela también porque, de acuerdo con documentos oficiales, el sindicato había comprometido en 2003 pagar a Pemex adeudos derivados del desvío para la campaña presidencial del 2000 con las cuotas sindicales en un plazo de 30 años.

El primero de septiembre del 2003, día del tercer Informe de Gobierno de Vicente Fox, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el documento denominado "Declaración de reconocimiento de adeudo que hace el STPRM a favor de Pemex y pago del mismo", con el cual los dirigentes petroleros, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, comprometieron cuotas sindicales durante 30 años para pagar más de mil 580 millones de pesos que motivaron la acusación del Pemexgate.

En la sesión extraordinaria 747 del Consejo de Administración de Pemex, el notario público 117 del Distrito Federal, Francisco Daniel Sánchez Domínguez, registró a petición del entonces secretario del Consejo de Administración de Pemex, José César Nava Vázquez -actual secretario particular del presidente Felipe Calderón-, la autorización que dio el máximo órgano de dirección de la paraestatal a Muñoz Leos para aceptar el acuerdo con la dirigencia del sindicato petrolero.

Pero el 11 de mayo de 2007, el STPRM se negó a informar sobre los 46 millones de dólares, cifra que originalmente era de 43 millones de dólares pero que creció por los intereses generados.

El dinero lo mantenía el Sindicato en una cuenta bancaria de Estados Unidos y eran objeto de la disputa con Arriba Limited; desde abril de 2006 un juez ordenó la repatriación del dinero a México. La orden del juez David J. Bernal, firmada el 17 de abril de 2006, autorizó al sindicato a repatriar los dólares a una cuenta del gremio en Banorte.

El juez estadounidense aceptó el regreso de los dólares, a pesar de que continuaba el litigio entre Arriba Limited y el STPRM. El sindicato obtuvo una carta crédito en Banorte que soporta la cantidad repatriada a México. Fue en ese contexto que la PGR, a través de un despacho de abogados, apoyó este mecanismo usado por el Sindicato para repatriar el dinero. La PGR abogó a favor de esta idea del sindicato de repatriar los dólares y a cambio dejar una carta de crédito ante el juzgado estadounidense que garantizara que, en caso de perder el juicio ante Arriba Limited, se cobraran con dicha carta.

El planteamiento lo hizo la PGR a través de una figura jurídica que se llama “amicus curiae”, expresión en latín que significa "amigo de la Corte", utilizada para presentaciones relacionadas a un caso hechas por un tercero, de manera voluntaria para colaborar con un tribunal en un proceso.

"Respetuosamente, esta corte debe aceptar la solicitud de un bono de garantía y de ese modo liberar los fondos", señala el documento suscrito por un abogado de un despacho estadounidense, como consejero de la PGR. Incluso, el 30 de septiembre de 2002 documentó que a finales del 2001 el gobierno de México solicitó a Estados Unidos su apoyo para rastrear cuentas del Sindicato, al que acusaba de lavado de dinero, crimen organizado, peculado y delitos contra la salud.

En tres ocasiones México pidió prorrogar el congelamiento de la cuenta para que Arriba Limited no dispusiera del dinero. Por ello se solicitó a la PGR y al sindicato petrolero información sobre este caso, pero no hubo respuestas.

Una historia de corrupción

Esta historia de corrupción y fraudes se inicia cuando Arriba Limited se constituye ex profeso en un paraíso fiscal de las Bahamas para firmar un contrato por más de 900 millones de dólares, lo cual involucraba la venta de hasta 6 millones de barriles de petróleo a un precio de 20 dólares, allá a principios de los años ochentas. Un negocio completo. El responsable de aquella irregularidad fue la Comisión de Contratos del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuando el secretario general era Sebastián Guzmán Cabrera, bajo la tutela de Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

La entidad responsable de firmar el contrato que garantizaba a la misteriosa Arriba Limited la venta, entre el 1 de octubre de 1984 y el 31 de diciembre de 1985, del petróleo que se obtendría aparentemente de las labores de limpieza y depuración de excedentes y residuos a cargo del sindicato de petrolero, en la refinería de Minatitlán, estaba adscrita a la sección 10 de donde provenía Guzmán Cabrera.

En aquellos años la dirigencia de La Quina logró que el sindicato manejara, entre otros, los contratos exclusivos para retirar residuos tóxicos de las refinerías de la paraestatal. Sin embargo, el contrato con Arriba Limited nunca hizo referencia a "desperdicios", sino a barriles de petróleo como aquellos que la paraestatal colocaba en los mercados internacionales. No sólo eso, mientras que entre 1984 y 1985 el precio del hidrocarburo vendido por Pemex a los mercados de exportación fluctuó entre 25.33 y 26.82 dólares, Arriba Limited pactó en 20 dólares la venta por unidad de, al menos, 100 mil barriles de petróleo semanales durante 15 meses. Un excelente negocio.

El problema se presentó, según el abultado expediente de demandas de Arriba Limited en contra del STPRM y de Pemex, en noviembre de 1984, cuando Ramiro Quiñones Fabela, agente autorizado por la Comisión de Contratos del Comité Ejecutivo del STPRM para este acuerdo, notificó al comprador que para iniciar la entrega del hidrocarburo en los términos pactados el sindicato pedía la entrega de un monto adicional a 1.3 millones de dólares acordados como pago inicial de la operación para ofrecer "sobornos" a directivos de Pemex y a dirigentes del propio sindicato.

Arriba Limited, cuyos accionistas visibles son el mexicano Andrés Sánchez Juárez y el estadounidense Billy Flanagan, asegura haberse opuesto a tal chantaje. Fue así como comenzó el enfrentamiento en tribunales entre el sindicato y Arriba Limited. La batalla se desarrolló en los juzgados del condado de Harris County en Texas.

Sin embargo, en junio de 1992 los abogados de Pemex demostraron que dicha empresa no tenía derecho de apelar a las leyes estadounidenses por tratarse de una sociedad constituida en un paraíso fiscal. Además, los representantes legales de la paraestatal refirieron cómo Arriba Limited había aceptado que la estructura de dicho contrato a un precio tan bajo se había preparado para evadir una negociación directa con Pemex.

Arriba Limited siguió con el juicio en contra del STPRM, que en abril de 1985 demandaba el pago de una indemnización por 266 millones de dólares, el cual se actualizaría con una tasa de 10 por ciento durante los días que durara el proceso; también pedía el pago de 4 millones de dólares por costas y gastos del juicio, así como la entrega de 5 millones de dólares por concepto de compensación por los daños a futuro derivados del incumplimiento del contrato.

Pero eso no es todo, también demandaba 50 millones de dólares más por "daños punitivos", también con el cargo de un interés de 10 por ciento. De esta forma, según las cuentas alegres de Arriba Limited, entre el 4 de abril de 1989 y el 1 de diciembre de 2002, la deuda del STPRM ascendía a mil 115.9 millones de dólares, monto cuyos intereses representaron más de 69.1 millones de dólares.

En 1987, Arriba Limited con una sentencia a su favor por sólo 92 millones de dólares comenzó negociaciones con el sindicato y la Comisión de Contratos del Comité Ejecutivo para retirar la demanda y llegar a un acuerdo que consistía en la firma de otro contrato, pero con una nueva empresa, una sociedad anónima mexicana que sólo escondía, una vez más, los intereses del STPRM.

En su columna Oficio de Papel del 18 de marzo de este año, el periodista Miguel Badillo, del asegura que el 17 de octubre de 1987, 15 meses antes de que Carlos Salinas de Gortari ordenara la captura de Joaquín Hernández Galicia, José Cruz el Negro Contreras, uno de los hombres más cercanos a La Quina, firmaba con Billy Flanigan, presidente de Arriba Limited, una asociación en participación en la que representaba y presidía a la compañía Comater S. de R.L. Para compensar a Arriba Limited, en esta ocasión el contrato iría mucho más lejos de la compra de "residuos": de acuerdo con el contrato de la peculiar sociedad, Arriba Limited y Comater participarían en una asociación que tendría como objetivo "obtener, mover, transportar, refinar, mercadear y vender, sacando utilidad, sustancias petroleras, hacer contratos de excavación de pozos petroleros, construcción, transportación y cualquier otro acto mercantil posible de acuerdo con el objetivo social de las partes, actual o futuro, pero siempre con utilidades; además de la adquisición y mercado de residuos petroleros… generados por Pemex". El jugoso contrato se estableció por 10 años, a partir del 15 de octubre de 1987 y hasta el 15 de noviembre de 1997, con la opción de renovarse por una década más.

Las utilidades netas de la asociación se dividirían en 50 por ciento para Arriba Limited y el otro 50 por ciento para Comater, la cual se comprometió a la entrega exclusiva a la nueva asociación de 30 por ciento de los residuos obtenidos por Comater, que se enviarían "siempre" a la totalidad de la capacidad de barcazas de 20 mil a 100 mil barriles netos por envío, cada mes, durante el plazo de este acuerdo. Cada barril tendría que ser de 42 galones estadounidenses. Además, el primer negocio que tendría Arriba Limited y Comater sería la perforación de tres pozos petroleros para Pemex, los cuales se realizarían durante la gestión del priista Francisco Rojas.

Sin embargo, en enero de 1989 el gobierno de Salinas ya contaba con el decreto presidencial que cancelaba al STPRM todo derecho contractual contenido en la cláusula 36 del contrato colectivo de los petroleros sobre el porcentaje de 2 por ciento sobre todas las obras nuevas, así como la venta de residuos, permitiendo la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera vía licitaciones.

Por ello, los contratos con Arriba Limited nunca se cumplieron; Comater, presidida por José Cruz el Negro Contreras, rescindió la asociación con la sociedad de Bahamas y Billy Flanagan regresó a los tribunales.

Miguel Badillo asegura que en julio de 1998 ante las complicaciones para que el sindicato pudiera obtener todo lo prometido a Arriba Limited, Cruz Contreras envío a Victorino López Reyes, presidente de la Comisión de Contratos, una carta certificada ante Nerardo González Solís, notario público 115 en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, en la que le informa que, ante los problemas que enfrenta el cumplimiento del contrato SPP-045/84 entre Pemex y el sindicato, asumía "todas las responsabilidades que pudieran existir ante cualquier reclamación en contra de la comisión y de Pemex, y hacer frente con mis recursos y bienes al pago en el que pudiera traducirse la reclamación".

Casi una década después de que se inició este episodio con Arriba Limited, una de tantas empresas que buscó beneficiarse con los contratos al sindicato petrolero, en el convenio 9442 del 11 de septiembre de 2000, el STPRM, bajo la dirigencia de Carlos Romero Deschamps, solicitó en medio de un caldeado ambiente electoral en el que el PRI perdería la Presidencia de la República que, con base en las revisiones contractuales de 1997 y 1999, Pemex entregará recursos para atender la demanda de Arriba Limited con un valor de mil 400 millones de dólares.

Así, a cargo de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, la administración de Rogelio Montemayor Seguy entregó al sindicato, en principio, 600 millones de pesos para "atender" el juicio de un contrato que siempre se pactó en condiciones desventajosas para el país, y aquí la historia de Arriba Limited se mezcla con el Pemexgate, aquel desfalco multimillonario que planearon los priístas para financiar su campaña presidencial y por el cual nadie está preso.

Por último En mayo de 2002, Arriba Limited solicitó incautar los fondos depositados por hasta 46 millones de dólares a nombre de Carlos Almada, en la correduría Donaldson, Lufkin & Jenrette Securites Corporation, los cuales habrían sido transferidos de cuentas de Banamex y de Banorte con número 559020699.