Suspenden a magistrado, a juez
y a 5 secretarios por corrupción
Por existir sospechas de actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de sus funciones a siete altos funcionarios, entre ellos un magistrado, un juez y cinco secretarios.
A los siete empleados del Poder Judicial federal se les investiga por el otorgamiento indebido de amparos vinculados a la importación de autos usados.
Al hacer pública la medida, la Judicatura Federal señaló que la suspensión durará el tiempo que tarde el procedimiento administrativo iniciado en contra del referido personal.
Suspendidos
José Neals André Nalda, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero
Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur
Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California
Martín Leopoldo Salcido García, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali
De manera específica, se informó que la suspensión temporal de su cargo se emitió en contra de los siguientes juzgadores: José Neals André Nalda, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo.
En contra del magistrado Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, por probables irregularidades cometidas en la tramitación de diversos amparos en beneficio de empresas relacionadas con la importación de vehículos usados.
Estas conductas se habrían llevado a cabo cuando André Nalda y Serratos García se desempeñaron, sucesivamente, como titulares del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali.
La misma imputación la enfrentan los secretarios: Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, los cuales fungieron como secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, así como Martín Leopoldo Salcido García, otrora secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
El Poder Judicial federal explicó que la investigación administrativa contra los funcionarios "debió cumplir con los tiempos legales para robustecerla" por la complejidad que implicó revisar una importante cantidad de amparos y criterios emitidos en esos juicios, así como las actuaciones no sólo de los titulares antes mencionados, sino de los secretarios que también fueron suspendidos.
Se explicó que la investigación data del 2012, luego de que se recibieron diversas quejas presentadas contra los servidores públicos, "a quienes se les señaló de incurrir en presuntas irregularidades en la tramitación de juicios de amparo, en los que los quejosos eran empresas morales relacionadas con la importación de vehículos usados, entre otros", detalló el CJF.
En el caso de José Neals André Nalda, cuando fue titular del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California, se le atribuye haber incurrido "en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones y en la falta de profesionalismo propio de la función judicial, debido a que habría celebrado audiencias en siete juicios de amparo (786/2010, 529/2011, 518/2012, 519/2012, 596/2012, 599/2012 y 751/2012) sin que la totalidad de las autoridades señaladas como responsables estuvieran legal y debidamente notificadas", lo cual es una clara inobservancia de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, habría celebrado audiencias en dos juicios de amparo (533/2011 y 693/2011) estando pendientes de resolución diversos recursos de queja interpuestos en esos juicios; además de "obstaculizar la admisión de demandas de amparo" relativas a tres juicios más (688/2011, 923/2011 y 162/2012).
También se le reprocha haber dictado sentencia en un juicio de amparo (905/2011) sin resolver sobre los actos reclamados de los administradores de las Aduanas de Reynosa y Colombia.
También se le imputa haberse pronunciado respecto a la vigencia de jurisprudencias emitidas por la Corte.
En el caso del magistrado federal Juan Manuel Serratos García, la indagatoria de la Judicatura arrojó que como titular del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, "igualmente habría incurrido en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones y en falta de profesionalismo propio de la función judicial".
Lo anterior, porque "habría admitido a trámite diversas ampliaciones de la demanda del juicio de amparo 414/2010 aun cuando quien las promovió no se encontraba legitimado para ello; habría dictado acuerdos en los que reconoció a diversas personas una representación que no tenían dentro de los autos del referido juicio de amparo", reportó la Judicatura Federal.
Tras detallar las presuntas conductas delictivas cometidas por ambos servidores públicos, se destaca que tanto José Neals André Nalda como José Manuel Serratos "habrían omitido preservar la imparcialidad propia de la función judicial en el desempeño de sus labores durante el trámite y resolución de al menos 15 amparos" cuando fueron titulares del referido juzgado.
Por lo que respecta a los secretarios, la investigación administrativa aportó que Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, en su actuación como secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito en el estado de Baja California, habría incurrido en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, y en falta de profesionalismo en actuaciones en el juicio de amparo 786/2010.
Martín Leopoldo Salcido García, en su actuación como secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, habría incumplido con el artículo 101 de la Constitución federal en virtud de actuar como autorizado de las respectivas partes quejosas en siete juicios de amparo (786/2010, 467/2011, 529/2011, 533/2011, 518/2012, 519/2012 y 596/2012) del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, cuando se encontraba en funciones de secretario del Poder Judicial de la Federación.
Armando Ochoa Loza, en su desempeño como secretario en funciones de o como encargado del Despacho del Juzgado Tercero, habría incurrido en notoria ineptitud y en falta de profesionalismo al dictar acuerdos en el incidente de suspensión 533/2011 sin atender la pretensión efectivamente planteada por las autoridades promoventes.
Para los secretarios Patricia Ávalos Cornejo y Carlos Cataño González posiblemente omitieron considerar que con la medida cautelar otorgada en diversos amparos, interpuestos contra normas generales, posiblemente se seguían perjuicios al interés social y se contravenían disposiciones de orden público.
Según la Judicatura, Cataño González no goza actualmente de adscripción en el Poder Judicial federal, aunque el procedimiento de responsabilidad se inició cuando fue funcionario público.
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