martes, 21 de julio de 2015

INTERNACIONAL/ Un tercio de los niños latinos en EU vive en pobreza

Un tercio de los niños latinos en EU vive en pobreza

 

 

El 33 por ciento de los niños de origen latino en Estados Unidos vive en condiciones de pobreza, lo que revela que las familias de las minorías en este país han sido las menos beneficiadas por la recuperación económica, apuntó un informe.

Elaborado por la Fundación Annie E. Casey, el estudio destacó que el 22 por ciento de todos los niños estadunidenses vive en condiciones de pobreza, y que los más afectados son los menores afroamericanos, de los que 39 por ciento habita en hogares de escasos recursos.

Titulado "Kids Count Data Book 2015", el documento asentó que sólo el 14 por ciento de los menores de edad identificados como "blancos no hispanos" vive condiciones de pobreza.

El texto resaltó que desde 2008 el número de niños viviendo en pobreza se ha incrementado en casi tres millones, de 13.2 millones a 16.1 millones en 2013, que es cuando se cuenta con los datos más recientes.

Patrick McCarthy, presidente de la Fundación Casey, explicó que "aunque hayan pasado varios años desde el final de la recesión, millones de familias aún no se han beneficiado de la recuperación económica".

"Aunque hemos visto un aumento del empleo en los últimos años, muchos de estos puestos son de bajos ingresos y no pueden soportar los gastos básicos de una familia. Demasiadas familias todavía están luchando para satisfacer las necesidades del día a día de sus hijos", dijo McCarthy.

En 2008, antes de la recesión económica, sólo el 18 por ciento de los niños en Estados Unidos vivía en condiciones de pobreza, lo que evidencia la desigual recuperación de la economía, "que ha dejado atrás a las familias de menores ingresos, en especial a aquellas de color", según el documento.

El informe concluyó que pese a que la tasa de desempleo ha disminuido en marzo de 2015 a niveles anteriores a la recesión, "existen preocupantes indicadores económicos para las familias de la mitad inferior de la escala de ingresos, en particular afroamericanas y latinas".

Aclaró que aunque se han generado empleos de todos los niveles de salarios en los últimos siete años en Estados Unidos, estos puestos de trabajo han sido más abundantes en los sectores con menores remuneraciones, como el comercio minorista y los servicios de alimentos.

Asimismo, los blancos y los estadunidenses de origen asiático tienen mayor probabilidad de emplearse, y la tasa de desempleo para esos dos grupos es de 4.5 por ciento; en tanto que para los afroamericanos es de 11 por ciento, y para los latinos de 6.7 por ciento.

El informe subrayó que un porcentaje mucho mayor al 22 por ciento de niños que son oficialmente pobres, de acuerdo con los criterios de ingresos del gobierno familiar, sufre por una situación económica extremadamente complicada.

El gobierno federal establece que una familia pobre es aquella con ingresos anuales de 24 mil 500 dólares para cuatro miembros, pese a que estudios independientes han demostrado que es preciso tener al menos el doble de ese monto para cubrir las necesidades básicas familiares.

"Hoy en día, mientras la economía se recupera, vemos una brecha creciente entre los niveles de vida de muchos niños de color y el resto de los niños", consideró Laura Speer, directora asociada para la reforma política y la abogacía de la Fundación Casey.

PIE DE FOTO.- Los más afectados son los menores afroamericanos.

 

 

Gobierno de Correa reprime a sus críticos

 

Colombia.- Un nuevo reporte publicado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, conocida como HRW por sus siglas en inglés, alega que la rama judicial del gobierno de Ecuador está reteniendo deliberadamente procesos de apelación en casos en donde individuos fueron condenados a prisión por protestar contra el gobierno nacional aunque se hayan creado reformas que favorecen a los condenados.

HWR sostiene que "las condenas" por terrorismo y sabotaje de ciertos disidentes "se dictaron sobre la base de definiciones de delitos excesivamente amplias que ya no resultan aplicables a estos casos" por la introducción del nuevo Código Orgánico Integral Penal el pasado agosto al sistema judicial.

Por ejemplo, la definición antigua de lo que constituía un acto terrorista "incluía cinco veces la expresión etc" algo que para HWR creaba la posibilidad de una "variedad ilimitada de acciones" que podían ser definidas como actos terroristas y por ende dejaban la ejecución de la ley en gran parte abierta a la interpretación de oficiales del estado.

El nuevo código según la ONG reduce las definiciones de los crímenes y especifica más profundamente los actos terroristas y de sabotaje que son penalizados por la ley, evitando ambigüedades que conduzcan a mayores niveles de interpretación oficial.

HWR cree que estos cambios "deben aplicarse retroactivamente" en "condenados por actos que ya no constituyen" dichos crímenes "conforme a las nuevas definiciones". Una perspectiva que también es compartida por la comunidad jurídica del país incluyendo al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Mauro Andino, aunque este no se ha pronunciado en casos específicos, explicó HWR.

Asimismo, el nuevo código indica que se debe implementar la "ley posterior más benigna", así estuviera en vigencia una ley distinta, lo cual según los juristas entrevistados obliga a los fiscales ecuatorianos a "desistir de las acusaciones en curso" que no se basen en las nuevas estipulaciones. Mientras que en el caso de los jueces, supone la "obligación de revocar condenas" en escenarios donde la "conducta" ya no se encuentre en el marco penal.

Esta indicación ha conducido a la liberación de 1.757 personas desde agosto pasado a febrero de este año, señaló el presidente de Ecuador, Rafael Correa. No obstante, el informe presentado por HWR argumenta que en diversos casos esta estipulación no se ha respetado y  han transcurrido "muchos meses sin que los tribunales siquiera fijen una fecha de audiencia" para revisar y si es el caso revocar sus condenas por falta de sustento legal, cuando el periodo de espera establecido por la ley para fijar la fecha de una audiencia es solo un mes.

La ONG alega a partir de entrevistas con las víctimas, abogado y juristas que las demoras se "deben…a presiones políticas" y que es "especialmente probable" que esto sea verdad "en casos en los…que el presidente y otros funcionarios" estatales "avalaron las condenadas" después de ser anunciadas públicamente.

PIE DE FOTO.- El presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha avalado algunas de las sentencias denunciadas por el Human Rights Watch.

 

 

 

 

 

BREVES

1.- Escepticismo en EU por acuerdo nuclear con Irán

El pacto nuclear alcanzado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania con Irán fue recibido con escepticismo por el público estadunidense que conoce su contenido, según un sondeo del Centro de Investigación Pew.

Del 79 por ciento de entrevistados que han escuchado sobre el acuerdo, 48 por ciento lo desaprueba, 38 por ciento lo apoya, y 14 por ciento dijo no tener opinión alguna.

"Existe un escepticismo generalizado sobre aspectos del acuerdo, particularmente el compromiso del liderazgo iraní con los términos del acuerdo", señaló el Centro de Investigación.

Bajo el acuerdo, Irán modificará el núcleo de su reactor nuclear en el vecino Irak, accederá a almacenar fuera del país el combustible utilizado en la operación del reactor, y se compromete a no construir uno nuevo de agua pesada durante los próximos 15 años.

Asimismo, desmantelará dos terceras partes de su infraestructura de centrifugadoras, necesarias para enriquecer el uranio al nivel necesario para producir armas, y se deshará de 98 por ciento de sus reservas de uranio enriquecido.

La encuesta muestra que una mayoría del público estadunidense no confía que el liderazgo iraní cumpla su parte. Un 35 por ciento señaló que tiene poca confianza y otro 38 por ciento no tienen ninguna confianza en la capacidad de Irán para cumplir.

La encuesta conducida del 14 al 20 de julio fue realizada entre mil 672 adultos estadunidenses.

 

2.- Reporta Pentágono muerte de líder de Al Qaida en ataque a Siria

El supuesto líder del Grupo Khorasan, ligado a la red Al Qaida, resultó muerto el 8 de julio durante un ataque aéreo estadounidense cuando viajaba en un automóvil en el norte de Siria, informó una fuente del Pentágono.

Mushin al Fadhli era un proveedor de Al Qaida que estaba entre los pocos líderes de ese grupo que recibió información previa de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, dijo el capitán Jeff Davis, vocero del Departamento estadounidense de Defensa.

El ataque aéreo ocurrió en las proximidades de la ciudad siria de Sarmada, acotó el portavoz militar.

Fadhli era además "líder de una red de veteranos operativos de Al Qaida, a veces llamado el Grupo Khorasan, que organizaba ataques contra Estados Unidos y sus aliados", añadió Davis.

 

 

 

 

3.- Se desploma la imagen de Dilma Rousseff

La popularidad de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, sigue bajando debido a un creciente escándalo de corrupción y a la recesión económica, y cada vez más brasileños quieren que sea sometida a un juicio político, reveló un sondeo de opinión publicado el martes.

La encuesta de CNT/MDA mostró que el índice de aprobación de su gobierno cayó a un 7,7%, frente al 10,8% del sondeo de marzo; mientras que un 70,9% califica negativamente su gestión, en comparación con el 64,8% en marzo.

El número de los que respondieron al sondeo y favorecen un juicio político contra Rousseff por un enorme escándalo de pagos de coimas en la petrolera estatal

El sondeo de MDA, encargado por la Confederación Nacional de Transportes (CNT), contempló entrevistas a 2.002 personas entre el 12 y el 16 de julio.

En el marco del escandaloso caso de corrupción de Petrobras, este lunes el juez federal de Paraná Sergio Moro dictó sentencia para tres ex directivos de la constructora Camargo Correa. Se trata de las primeras sentencias contra empresarios.

Según la investigación Lava Jato, la red en la que participaban se apropió de unos 2.000 millones de dólares a través de fraudes cometidos en la petrolera estatal.