Lino Javier Calderón
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó dos denuncias penales ante la PGR contra la ex subdirectora comercial de Destilados Intermedios de PMI Comercio Internacional, María Karen Miyasaki Hara, tras detectar un presunto fraude por 13 millones de dólares contra una empresa de Pemex, dijo Salvador Vega Casillas, Titular de la dependencia
Explicó que esta servidora pública hasta ahora podría ser la única presunta responsable de operaciones de compra y venta fraudulenta a nombre de la paraestatal en la que al parecer benefició a su cónyuge.
Vega Castillo recalcó que las investigaciones duraron más de un año, además de que hay otras indagatorias en curso contra esta persona.
El funcionario añadió que hasta el momento la SFP ha detectado en total cuatro cargamentos con operaciones similares, todos entre los meses de agosto y diciembre de 2008.
Se estima que las cuatro transacciones han generado un perjuicio patrimonial por más de 13 millones de dólares.
Según Vega Casillas, la funcionaria realizó varias operaciones, presuntamente fraudulentas en la compra venta de cargamentos de diesel de ultra bajo azufre a nombre de la institución para la que trabaja.
Para abastecer a Pemex Refinación, Miyasaki HAra compró a la japonesa Idemitsu Cosan Company un cargamento de 330 mil barriles en el puerto de Chiba, Japón, en 27 millones 694 mil dólares.
Sin embargo, en el propio puerto vendió el mismo combustible a la empresa Blue Oil Trading en poco más de 28 millones de dólares.
Días después, con el buque tanque en ruta a Rosarito, Baja California, a instalaciones de Pemex Refinación, la subdirectora Comercial de PMI volvió a comprar el mismo cargamento a Blue Oil Trading en más de 34 mdd.
Es decir, pagó cuatro millones 500 mil dólares sin razón alguna y los volvió a enviar a Pemex Refinación.
El esposo de la subdirectora Comercial de Refinados es socio y director de Blue Trading S.R.L de C.V, empresa filial de Blue Oil Trading.
Sin embargo, se informó que este tipo de fraude no está clasificado como delito grave, además de que se levantó la otra demanda por responsabilidades administrativas con lo que se suspendió de su cargo a la funcionaria sin que hasta el momento haya sido arraigada o detenida por la autoridad.
Adicionalmente, la investigación patrimonial de la servidora pública determinó que presuntamente tiene cuentas no declaradas por una cantidad estimada de 16 millones de pesos y que no son acordes a sus ingresos.
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