Angel Iturralde
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)dio a conocer que la regulación ha sido una de las formas de intervención del Estado más dañina para el desarrollo del país.
Esto, explica, porque al modificar las "reglas del juego" de la actividad productiva ha frenado la inversión, ha aumentado el desempleo y, en última instancia, ha reducido el crecimiento de la economía y la flexibilidad para hacer frente a crisis nacionales e internacionales.
Si bien en tiempos recientes han sido notables los avances en materia de desregulación e impulso de la actividad productiva, aún quedan obstáculos que restan competitividad a la economía nacional y reducen su potencial de crecimiento y el bienestar de la población, añade.
La elevada intervención del Estado, ya sea de forma directa (producción de bienes como petróleo o electricidad) o indirecta (mediante el marco regulatorio y los procedimientos administrativos), continúa siendo uno de los problemas que más afectan la sana marcha de la economía", sostuvo.
Profundizar la desregulación en todos los sectores y en todas la regiones del país es indispensable para el desarrollo económico y social de largo plazo ya que, de lo contrario, advirtió, la inversión y la actividad económica tendería a concentrarse en aquellos sectores con menores trabas a la actividad.
En la publicación "Sinopsis económica", la Canacintra expone que la plena liberalización de la economía y la eliminación de obstáculos gubernamentales a los mercados potenciaría el crecimiento.
Para el organismo industrial, mejorar la transparencia y disminuir la discrecionalidad de la burocracia que administra la regulación implica reducir la corrupción.
Aunque la regulación de la economía mexicana es menos nociva que hace 20 años, aún hay barreras a la entrada y salida de las empresas de los mercados que inhiben la competencia y fomentan la corrupción, todo ello en detrimento del crecimiento económico y del bienestar de la población.
Lo importante es contar con un esquema de desregulación con certeza jurídica, que facilite la operación de las empresas, sin descuidar la regulación necesaria en los ámbitos en los que el gobierno tiene injerencia directa, estima el organismo.
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