domingo, 3 de enero de 2010

Tierra sin ley /Porfirio Muñoz Ledo

DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE ESTE ARTICULO Y DEBIDO A QUE REFLEJA UN RETRATO DEL MEXICO ACTUAL TRANSCRIBIMOS TEXTUALMENTE EL MISMO PARA QUE USTED SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES. 

Porfirio Muñoz Ledo

Tierra sin ley


Durante los últimos días este diario publicó notas secuenciadas de
primera plana que ilustran el fresco del México actual. El eje de la
trama es la disolución del Estado de Derecho por el ejercicio de la
violencia institucional, aunado a la pérdida de jurisdicción sobre el territorio en beneficio de una estrategia diseñada desde el exterior.

La primera reza que, en opinión de especialistas, somos hoy un
frente de batalla de los Estados Unidos: "su guerra contra la droga".
En cuarenta años el consumo se ha elevado de modo imparable en ese país y el núcleo delictivo que lo promueve se ha instalado al otro lado de la frontera.


 

Incapaces de disminuir el uso de enervantes decidieron combatir su
abastecimiento en Colombia y luego atajarlo en México, con la docilidad
creciente de nuestros gobiernos. Sólo en este sexenio dicha política ha
cobrado aquí más de 16 mil víctimas y allá ninguna.


 

No estamos ocupados militarmente como Irak, ni invadidos como
Afganistán, sino sumidos en una guerra intestina por cuenta ajena. Como
en otras revueltas, la mayoría de las armas para ambos bandos vienen
del mismo lado. En este caso, también el dinero con que las compran los
rebeldes, estimado por el Departamento de Estado en 27 mil millones de
dólares.


 

El Plan Mérida no es una admisión de "corresponsabilidad", sino un
atenuante del desnivel de arsenales, electoralmente útil y, en la
práctica, estimulante de la violencia. Es además un instrumento
internacional espurio que avala las violaciones a los derechos humanos
cometidas por el Ejército.


 

Dice el obispo Vera que el gobierno incurrió en una "ejecución
extrajudicial" en el asesinato de Beltrán Leyva y volvió a prácticas
centenarias, llamadas en la Revolución "ley del monte". Lo hizo
utilizando a marinos en tierra al margen de la ley y sacudiendo
nuevamente el avispero del crimen.


 

Las noticias que nos colocan en primeros planos internacionales se
refieren a nuestro potencial delictivo. En una década "los cárteles
mexicanos alcanzaron la quinta posición entre los grupos criminales del
mundo, expandieron sus operaciones a 47 países y se ubicaron como la
mayor amenaza del continente". Ascendieron al 90% de la venta de
cocaína a Estados Unidos y están infiltrados en el 58% de los
municipios mexicanos.


 

Ocupamos el sexto lugar mundial en asesinatos de periodistas y,
según la DEA, los criminales se aprestan al ataque de "blancos
civiles", a efecto de mermar aun más los asideros del gobierno. Los
servicios norteamericanos de inteligencia consideran que "la influencia
corruptiva de los cárteles impide a las autoridades mexicanas gobernar
algunas zonas del país".


 

Carrillo Olea coincide en que "si sombreamos los estados donde reina
el narcotráfico, reconoceremos las entidades donde hemos dejado de
gobernar". Echando cuentas: "ya perdimos la mitad del territorio". En
tanto que el actual director del Cisen admite que "la seguridad
nacional en México está en pañales".


 

Históricamente, un problema de salud pública mal tratado se
convirtió en cuestión de seguridad pública, que a su vez fue
transformada en crisis de seguridad nacional y regional. Como afirma
Buscaglia: "la delincuencia nunca desparece, sólo se puede contener
imponiendo las reglas de juego del Estado", cuando éste existe.


 

Aguilar y Castañeda en su libro El narco: la guerra fallida
demuestran con información concluyente el fracaso de la estrategia
actual, cuyas razones fueron políticas: "lograr la legitimación perdida
en la urnas y en los plantones a través de las armas". Acudiendo a la
experiencia internacional, sugieren la legalización que "no aumenta el
consumo y sí disminuye la violencia".


 

Estamos en los límites del golpe de Estado, entendido como entrega
del poder a una autoridad al margen de la ley. Urge emprender un
proceso contrario: legalizar la acción pública y acotar el delito vía
el combate a la corrupción y la ampliación del bienestar.


 


Diputado federal (PT)



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