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miércoles, 16 de noviembre de 2016

Ante la CIDH, padres de los 43 implican a García Harfuch con Guerreros Unidos


Ante la CIDH, padres de los 43 implican a García Harfuch con Guerreros Unidos

 Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos formalizaron su exigencia de investigar al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, y notificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la posible implicación del funcionario con uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos, al que la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye los hechos.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la PGR, reprobaron el ocultamiento de pruebas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la misma oficina especial para el caso Iguala de la dependencia.
A través de sus representantes legales, los padres de los estudiantes entregaron un escrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a la que está adscrita la oficina especial, en la que hacen referencia al reportaje publicado en Proceso en su edición 2089, en el que se da cuenta de que el nombre y teléfono de García Harfuch, aparece como contacto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, en una libreta negra que le fue asegurada durante su detención en octubre de 2014.
En esa misma libreta está inscrito el nombre y teléfono de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, por lo que los padres exigen que también sea investigado.
"¿Cómo es posible que nos hayan tenido engañados durante dos años, el gobierno y Arely Gómez (exprocuradora)? ¿Cómo es posible que nos hayan ocultado que esos funcionarios tenían nexos con el narcotráfico?", cuestionó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Indignado, exigió que se investigue a García Harfuch y a Vázquez y "que se haga una revisión de la telefonía", ante la evidencia de la existencia de vínculos entre los funcionarios con Casarrubias.
Carmelita Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, se preguntó "¿qué más han estado ocultado?" las autoridades federales, no sólo a los padres de familia sino al GIEI.
"¿Cómo pueden explicar que esos nombres estuvieran en una libreta de Sidronio Casarrubias? ¿Cómo es posible que les den puestos en vez de investigar y sancionar? No hay duda de que el gobierno está bien coludido con los delincuentes", consideró.
Al recordar que el motivo del rompimiento de los familiares con la PGR se debió a la falta de información sobre la investigación que se siguió al extitular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, Hilda Hernández,  madre de César Manuel González, exigió a las autoridades que "no se pongan obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH".

La libreta
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), llamó a las autoridades federales, "empezando por el presidente Enrique Peña Nieto, a no minimizar (lo publicado por Proceso). Resulta grave que el nombre de un funcionario aparezca como contacto de uno de los criminales más peligrosos de México, como ha nombrado la PGR a Sidronio Casarrubias. Pero más grave aún, que ese funcionario sea ahora el responsable de la AIC".
El abogado señaló que han solicitado que García Harfuch, el exsecretario Vázquez Pérez y el mismo Sidronio Casarrubias sean interrogados sobre el contenido de la libreta.
Al señalar que por el momento sólo exigen la investigación, tanto de García Harfuch como de Leonardo Vázquez, para que expliquen por qué sus nombres aparecen en documentos decomisados a  Casarrubias, Rosales puntualizó que la situación es más preocupante "que se haya ocultado la existencia de la libreta al GIEI y a lo Oficina especial del caso, es decir, ni siquiera conoció esa libreta en la que aparecen como contactos, no conoció el expediente de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), ni la causa ni el auto de formal prisión en donde se da cuenta de la libreta".
Rosales insistió en que "ni la PGR ni la Secretaría de Gobernación ni mucho menos el presidente, deben restar importancia a la gran revelación, que ya ha impactado la investigación por la desaparición de los 43, al ocultar las pruebas que podrían dar con el paradero de los compañeros".
Como responsable de la Policía Federal en Guerrero durante la desaparición de los 43, Rosales Sierra consideró que García Harfuch tiene que explicar por qué la dependencia "en lugar de tomar medidas de protección para los estudiantes, se dedicó a desviar el tráfico hacia Iguala o por qué había presencia de elementos en el Palacio de Justicia donde fueron bajados los estudiantes de uno de los camiones y por qué aparece como gente de confianza de uno de los criminales más peligrosos del país".
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó que en la solicitud de diligencias, se demandó a la Oficina especial que se investigue a García Harfuch y a Vázquez, "en materia de telefonía así como su situación patrimonial, ante los indicios de la vinculación con la delincuencia organizada".
A la Oficina especial, agregó, le solicitaron "dar fe de la existencia de esta libreta, que pueda acceder a todas las diligencias relacionadas con la detención y primeras declaraciones de Sidronio Casarrubias y que se permita acceder a todas las averiguaciones previas en contra de esta persona".
Al conocerse que, tanto la libreta como la documentación en la que se da cuenta de ella se ocultó al GIEI, Aguirre apuntó que ello "evidencia que los expertos no contaron con las condiciones óptimas para realizar su trabajo, cuyo objetivo era contribuir a la localización de los normalistas".
El abogado informó que este miércoles, la representación de los padres envió a la CIDH "una comunicación con el acuse de recibido de la PGR, pidiéndole que requiera al Estado la información, que coadyuve en las diligencias que se van a abrir a partir de revelación de la existencia de esta libreta, y tercero, que inste al Estado a que acredite la buena fe de asistencia técnica".
La revelación de Proceso, puntualizó, "muestra que al GIEI le fueron ocultadas evidencias relevantes y debe garantizarse que esto no se repita en la nueva fase del mecanismo de seguimiento".

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