Minimiza Poiré alerta migratoria sobre ex gobernadores

martes, 31 de enero de 2012

*El secretario de Gobernación reafirmó que "fue error de un funcionario", y evitó dar respuesta directa a la pregunta de si esto representaba el inicio de una guerra sucia del gobierno.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, minimizó la polémica provocada por el rumor de una alerta migratoria contra tres ex gobernadores de Tamaulipas al señalar que se trató solamente de "un error de un funcionario".
En conferencia de prensa, el funcionario reiteró que ya hay una postura oficial sobre el caso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la República y dijo que corresponde a ésta última dependencia dar la información correspondiente.
"Lo que ocurrió es un error de un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no tiene facultades para establecer una alerta migratoria", respondió a pregunta expresa; "a este funcionario no le correspondía hacer una alerta de ninguna naturaleza. Se extralimitó en sus funciones".
Aunque se le cuestionó en reiteradas ocasiones si esta situación representa el inicio de una guerra sucia por parte del gobierno en el contexto del periodo electoral, Poiré se limitó a responder que la PGR es la encargada de proporcionar información sobre el caso.
"Lo que existe es una serie de indagatorias en el marco de una averiguación previa", comentó. "Eso es lo que está ocurriendo, nada menos y nada más".
La madrugada de este martes, la PGR y SCT emitieron un comunicado en el que aclararon el rumor sobre la supuesta emisión de una alerta migratoria para evitar la salida del país de los exgobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
En el documento, las dependencias responsabilizaron al comandante del aeropuerto de Tampico de haber solicitado al delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas una alerta en contra de los ex mandatarios; el funcionario fue separado del cargo debido a que, según las autoridades, "se extralimitó en sus funciones".
Además, la SCT pidió que se inicie una investigación ante el Órgano Interno de Control sobre todos los servidores públicos que participaron en la atención de la solicitud de PGR.