Cuestionan relatores de Naciones Unidas a México sobre el Tren Maya

Cuestionan relatores de Naciones Unidas a México sobre el Tren Maya

*  Se hace pública una misiva enviada por diversos relatores de derechos humanos de la ONU al gobierno de México manifestando preocupación por denuncias de violaciones contra derechos humanos de pueblos indígenas.

 Lino Calderon 

El pasado 20 de noviembre se dio a conocer públicamente una carta enviada al gobierno de México por parte de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se señalan una serie de presuntas violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya. Asimismo, plantean cuestionamientos específicos al Estado mexicano respecto del tema.

 En la misiva, los relatores señalan que "Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos mencionados en los apartados anteriores, quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua."

Al respecto, International Service for Human Rights, el Consejo Regional y Popular de Xpujil , el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), hacen un atento llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que acate las medidas solicitadas por los relatores de la ONU y, sobre todo, acate las recomendaciones y cumpla con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos allí señalados. Lo más relevante y urgente, es que se suspendan las obras de construcción del Tren Maya hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades afectadas y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en el marco del Convenio 169 de la OIT, y cumpla con todas las garantías de derechos humanos antes de proseguir con la construcción.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno mexicano, particularmente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promovente del proyecto Tren Maya, ha sido opaco en dar a conocer de forma completa los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. Asimismo, ha violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

Al día de hoy, no se cuenta con un Proyecto Ejecutivo de la obra y únicamente se ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental, correspondiente al primer tramo. El gobierno ha optado por fragmentar el proyecto, lo que impide conocer los impactos acumulativos y sinérgicos que tendrá la obra, y de qué forma se verán afectados en su totalidad los ecosistemas, la biodiversidad, el territorio y la forma de vida de las comunidades de la región.