Salud pública vs. intereses corporativos
*Acusan trato preferencial a Philip Morris en dictamen que prohíbe vapeadores
Redacción
El falso discurso del gobierno: prohibir vapeadores… y al mismo tiempo fortalecer un nuevo monopolio nicotínico." Y es que la narrativa de protección sanitaria contrasta con una realidad normativa que permite el crecimiento de un mercado exclusivo para Phillip Morris, sin justificación científica comparable, y es así como este miércoles la Cámara de Diputados se alista o para votar la Ley General de Salud que deja mucho que decir.
La reforma a la Ley General de Salud que prohíbe vapeadores y regula dispositivos electrónicos de nicotina. Sin embargo, el dictamen ha generado críticas por dejar fuera a los calentadores de tabaco, categoría controlada en México únicamente por Philip Morris con su producto IQOS. El análisis técnico del propio Legislativo advierte que esta excepción reproduce el mismo favoritismo que motivó en 2021 la corrección del decreto presidencial que inicialmente les daba trato especial. 
La diputada Amancay González (MC) señaló que la medida configura un "traje a la medida" para la tabacalera, aun cuando la OMS considera que los calentadores pueden ser más dañinos que los vapeadores que se buscan prohibir. Además, denunció que el dictamen contempla penas de hasta ocho años de prisión para jóvenes detenidos comprando o distribuyendo vapeadores, mientras que la posesión de dosis personales de cocaína o metanfetamina no implica cárcel. "Será más peligroso comprar un vape que traficar droga", advirtió. 
González dijo estar a favor de prohibir la venta y publicidad de vapeadores por sus riesgos comprobados, pero rechazó criminalizar a los jóvenes e ingresó una reserva para eliminar esa sanción. También alertó que la reforma elimina el 8% del FONSAVI destinado a enfermedades catastróficas, dejando desprotegidos a pacientes con cáncer. 
La discusión definirá si se corrige el dictamen o si avanza un modelo regulatorio que, según legisladores críticos, prioriza intereses corporativos por encima de la salud pública.
Asimismo, la Diputada señaló en la Comisión de Salud que existe una disparidad notoria: mientras que la posesión personal de ciertas drogas puede derivar en alternativas a la cárcel (como tratamientos), el uso de vapeadores por jóvenes podría llevar, bajo algunas propuestas, a procesos penales, lo que resulta desproporcionado y poco efectivo para la protección de la juventud.
La regulación actual presenta una contradicción: los calentadores de tabaco, que también implican riesgos para la salud, no están prohibidos ni penalizados de la misma manera que los vapeadores, lo que evidencia una falta de coherencia en la política sanitaria y criminal.
Las autoridades justifican la prohibición de los vapeadores citando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte sobre sus posibles efectos nocivos y el riesgo de que sean una puerta de entrada al tabaquismo convencional.
Para la legisladora está claro que la forma que se quiere legislar no es salud pública sino un traje a la medida para que la única opción legal sea la de los calentadores que produce la gran tabacalera de Philip Morris y no podemos aprobar una ley que mete a la cárcel a un joven por un bate pero beneficia a una empresa que además genera más daño que lo que estamos prohibiendo.
*Acusan trato preferencial a Philip Morris en dictamen que prohíbe vapeadores
Redacción
El falso discurso del gobierno: prohibir vapeadores… y al mismo tiempo fortalecer un nuevo monopolio nicotínico." Y es que la narrativa de protección sanitaria contrasta con una realidad normativa que permite el crecimiento de un mercado exclusivo para Phillip Morris, sin justificación científica comparable, y es así como este miércoles la Cámara de Diputados se alista o para votar la Ley General de Salud que deja mucho que decir.
La reforma a la Ley General de Salud que prohíbe vapeadores y regula dispositivos electrónicos de nicotina. Sin embargo, el dictamen ha generado críticas por dejar fuera a los calentadores de tabaco, categoría controlada en México únicamente por Philip Morris con su producto IQOS. El análisis técnico del propio Legislativo advierte que esta excepción reproduce el mismo favoritismo que motivó en 2021 la corrección del decreto presidencial que inicialmente les daba trato especial. 
La diputada Amancay González (MC) señaló que la medida configura un "traje a la medida" para la tabacalera, aun cuando la OMS considera que los calentadores pueden ser más dañinos que los vapeadores que se buscan prohibir. Además, denunció que el dictamen contempla penas de hasta ocho años de prisión para jóvenes detenidos comprando o distribuyendo vapeadores, mientras que la posesión de dosis personales de cocaína o metanfetamina no implica cárcel. "Será más peligroso comprar un vape que traficar droga", advirtió. 
González dijo estar a favor de prohibir la venta y publicidad de vapeadores por sus riesgos comprobados, pero rechazó criminalizar a los jóvenes e ingresó una reserva para eliminar esa sanción. También alertó que la reforma elimina el 8% del FONSAVI destinado a enfermedades catastróficas, dejando desprotegidos a pacientes con cáncer. 
La discusión definirá si se corrige el dictamen o si avanza un modelo regulatorio que, según legisladores críticos, prioriza intereses corporativos por encima de la salud pública.
Asimismo, la Diputada señaló en la Comisión de Salud que existe una disparidad notoria: mientras que la posesión personal de ciertas drogas puede derivar en alternativas a la cárcel (como tratamientos), el uso de vapeadores por jóvenes podría llevar, bajo algunas propuestas, a procesos penales, lo que resulta desproporcionado y poco efectivo para la protección de la juventud.
La regulación actual presenta una contradicción: los calentadores de tabaco, que también implican riesgos para la salud, no están prohibidos ni penalizados de la misma manera que los vapeadores, lo que evidencia una falta de coherencia en la política sanitaria y criminal.
Las autoridades justifican la prohibición de los vapeadores citando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte sobre sus posibles efectos nocivos y el riesgo de que sean una puerta de entrada al tabaquismo convencional.
Para la legisladora está claro que la forma que se quiere legislar no es salud pública sino un traje a la medida para que la única opción legal sea la de los calentadores que produce la gran tabacalera de Philip Morris y no podemos aprobar una ley que mete a la cárcel a un joven por un bate pero beneficia a una empresa que además genera más daño que lo que estamos prohibiendo.
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