FGR investiga desvío por 21 mdp en
administraciones pasadas de Coatzacoalcos
Redacción
Coatzacoalcos, Ver.- Peritos de la Fiscalía Anticorrupción investigan el desvío de 21 millones de pesos de fondos federales que no fueron ejercidos de manera correctas durante administraciones pasadas y ya comenzaron a llamar a ex funcionarios.
Derivado de las denuncias interpuestas por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, ante irregularidades que se encontraron en ejercicios fiscales anteriores, la Fiscalía General de la República (FGR) revisa nuevamente varias de las cuentas del ayuntamiento que fueron aprobadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y los congresos pasados.
De manera extraoficial se dio a conocer que desde la semana pasada, peritos contables realizan la revisión de una de las cuentas que presentan irregularidades, las cuales vienen de dos procesos administrativos anteriores. Aunque las irregularidades en la Hacienda pública datan desde 1982, las denuncias presentadas por el ayuntamiento han permitido que se analicen varias cuentas y adeudos que dejaron pendientes las administraciones de Marcos Theurel Cotero y Joaquín Caballero Rosiñol, entre otros.
El primer expediente que analiza la Fiscalía Especializada es el presunto desvío de recursos por 21 millones de pesos que corresponden a obras de administraciones pasadas, los cuales se pagaron pero no se llevaron a cabo.
Desde noviembre de 2019 se notificó la realización de auditorías contables pero la pandemia las tenía detenidas, sin embargo, en este momento se reactivaron e incluso se solicitó la presencia de algunos ex funcionarios y ex ediles. Entre las irregularidades destacan la falta de documentos de contrato de obras y facturas, así como la misma obra.
Este expediente es apenas uno de los que interpuso la Contraloría del municipio, ya que el pasivo que dejaron las administraciones pasadas asciende a 2 mil 100 millones de pesos, dentro de los que se incluyen deudas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pago de altos intereses al Banco Nacional de Obras (Banobras), y en su mayoría juicios laborales que no se atendieron en tiempo y forma.
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