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martes, 19 de marzo de 2019

LÍDERES POLÍTICOS / Jesús Belmont Vázquez / Avión presidencial

LÍDERES POLÍTICOS

                          Jesús Belmont Vázquez
                         
                             Avión presidencial

*Informar costos de su estancia en EU

*Hasta el momento, no se ha vendido

Congreso de la Unión.-  A lo largo de su campaña por la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador sentenció que una vez llegando al Palacio Nacional vendería el avión presidencial (Boeing 787-8 Dreamliner)  al considerarlo sumamente costoso y una ofensa para los mexicanos.
Sin embargo, al igual que en otros ofrecimientos como bajar el precio de las gasolinas, el presidente electo no ha podido cumplir su palabra.
Desde la primera ocasión en que aseguró que llegando al gobierno vendería la aeronave que utilizó Peña Nieto, López Obrador demostró su ignorancia y desconocimiento sobre los términos en que fue adquirida por el Gobierno de México.
López Obrador asumió la Presidencia de la Republica el pasado 1 de diciembre, y para esa fecha solamente se había cubierto el 19.18 por ciento del costo total de la aeronave, que a precios del 2018 asciende a siete mil 560 millones 72 mil 713 pesos.
Cubiertos 560 millones 46 mil 933 pesos de inversión programada en 2018 para dicha adquisición, se habrán pagado un mil 450 millones 393 mil 068 pesos en forma acumulada durante seis años. Pero aún se tendrá un adeudo por seis mil 109 millones 679 mil 645 pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se aprobó una inversión por 451 millones 492 mil 004 pesos para financiar la compra de la citada aeronave.
Cada año el costo de la aeronave, financiada a 15 años, aumenta, como ha sucedido desde el 2013, año en que se realizó el primer pago.
Hasta donde se sabe el avión presidencial no podrá venderse –o al menos que López Obrador haya buscado alguna alternativa mercantil para poder venderlo- sino hasta dentro de nueve años, es decir hasta el 2027, año en que concluye el contrato de arrendamiento financiero que se firmó con la compañía fabricante. 
Cuando concluya el contrato –fecha en que López Obrador ya no será presidente, pues su administración termina en 2024- el avión pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
López Obrador debió haberlo utilizarlo, pero no lo hizo por considerarlo un agravio para el pueblo e ir en contra de su austeridad republicana.
La diputada priista Anilú Ingram Vallines), secretaria de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, pidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparente los costos derivados de la estancia del avión presidencial en un aeropuerto de Estados Unidos.
"El gobierno federal ha omitido mencionar los costos que se generan por mantener 131 aeronaves mexicanas, entre ellas el avión Presidencial, José María Morelos y Pavón, en el Victorville Airport, ubicado en el condado de San Bernardino del estado de California, Estados Unidos, para su puesta en venta", externó.
La legisladora se pronunció por que la Cámara Baja solicite a la SHCP transparentar y garantizar la máxima publicidad del contrato de arrendamiento y los costos derivados de la estancia del avión presidencial y las otras aeronaves, que hasta el momento no se conocen.
Refirió que el 3 de diciembre de 2018, el avión presidencial arribó al Victorville Airport, junto con otros 60 aviones y 70 helicópteros del gobierno federal.
Comentó que, de acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, serán puestos a la venta.
Ingram Vallines dijo que expertos en la materia advirtieron que la venta del avión presidencial podría representar una pérdida hasta de 137 millones de dólares, debido a que el valor de venta tendría que estar muy por debajo del precio al que fue adquirido en principio.
Señaló que un estudio realizado por la empresa internacional Ascend Flightglobal Consultancy, concluyó que, dados los precios del mercado y las especificaciones con las que fue construido el avión presidencial, se recomendaba conservar la aeronave para su uso en actividades gubernamentales, ya que recomercializarlo y venderlo con éxito requeriría 12 meses como mínimo.
"Permanecer más tiempo en espera de ser vendido implicaría que las pérdidas generadas aumentaran de forma considerable", añadió.


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